EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo ha establecido que no se puede obligar a los operadores de cable a incluir en su oferta los canales en abierto hasta que, previsiblemente el 3 de abril, se produzca el cese definitivo de las emisiones de televisión con tecnología analógica, tal y como establecía un Real Decreto aprobado por el Gobierno.

Así, en dos sentencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal da parcialmente la razón a Sogecable y Astra, que habían presentado sendos recursos contra el Reglamento general de prestación del servicio de difusión de radio y televisión por cable, aprobado por Real Decreto 920/2006, y declara la nulidad de la disposición transitoria primera de dicho reglamento.

Sogecable y Astra habían recurrido ante el Tribunal Supremo porque consideraban que, paradojicamente, los operadores de cable sacaban una "ventaja competitiva" de esta obligación, ya que los titulares de los canales en abierto están obligados por el reglamento a llegar a un acuerdo con los operadores de cable, pero no con los de satélite. La consecuencia de esto es que incluir en sus plataformas los canales generalistas puede salir más barato a los de cable que a los de satélite.

"De esta manera, si los no obligados desean transmitir también dicha señal deben llegar a un acuerdo puramente privado sin la ventaja de negociación consistente en que, en caso de imposibilidad de alcanzar un acuerdo, existe (para los operadores de cable) un mecanismo forzoso de mediación ante la Administración", señala en una de las sentencias el Supremo.

En este sentido, establece que se trata de una obligación que, "de no imponerse a todos los servicios de difusión de televisión, se configura como una obligación competitivamente discriminatoria para la tecnología no obligada a ella", y por tanto, contraria a derecho, ya que ninguna Ley puede favorecer a una tecnología frente a otra.

Concretamente, la parte del reglamento que ha tumbado el Tribunal Supremo obliga a los operadores de cable a incluir en sus plataformas a TVE, Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta hasta que se produzca el 'apagón'. Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende en ambas sentencias que la "necesidad" de esta "obligación no ha sido adecuadamente justificada", y además es "tecnológicamente no neutral".

"La evolución de la realidad ha demostrado que tanto los titulares de los servicios de difusión por cable –obligados– como los de satélite –mediante acuerdos comerciales voluntarios– difunden dichos canales generalistas", señala el Supremo, que insiste en que, así las cosas, es "injustificado" beneficiar a los operadores de cable por una obligación que no es tal.

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Los planes del Gobierno para dar entrada a las operadoras de cable en telefonía móvil se tambalean. Las compañías regionales consideran imprescindible disponer de licencias celulares, pero no según el programa gubernamental, que había reservado para ellas una banda que las telecos rechazan por insuficiente. El cable quiere entrar en el reparto de la banda de 900 MHz y del dividendo digital.
El Gobierno lo tenía todo previsto: licencias regionales de móvil para las operadoras de cable en la banda de 2,6 GHz, reordenación de la banda de 900 MHz para las compañías con concesión celular y dividendo digital en 2015. Pero las cosas no están saliendo como se pensaba.

Para empezar, las cuatro compañías que ya tienen red celular propia han cargado contra los planes delMinisterio de Industria de conceder permisos regionales. Además, piden que esta licitación se retrase hasta que se resuelvan el resto de los temas. Pero es que las operadoras de cable tampoco ven con buenos ojos el programa establecido. No aceptan ni el calendario, ni el contenido, ni las condiciones, según fuentes de estas compañías.

El problema principal es la banda que el ministerio ha considerado la más apropiada para albergar las concesiones regionales. Es la de 2,6 GHz, unas frecuencias que son muy buenas para dar velocidad en la banda anchamóvil, pero que dan muy poca cobertura. Una red en este espectro requiere cuatro veces más antenas que en frecuencias más bajas, lo que dispara el coste. A eso se suma la disponibilidad de la tecnología, que todavía no está a punto.

Las compañías de cable, con la gallega R y la vasca Euskaltel a la cabeza, consideran que esa banda es insuficiente para un proyecto integral como el suyo de convertirse en operadoras completas, capaces de dar a sus clientes todo tipo de servicios, fijo, banda ancha y móvil. Por eso, lo que piden es participar en el reparto de la banda de 900 MHz y del dividendo digital. “Estamos dispuestos a realizar fuertes inversiones, pero queremos frecuencias en la parte alta y en la baja del espectro”, explica Arturo Dopico, consejero delegado de R. La banda de 2,6 GHz es buena para la banda ancha móvil en las zonas urbanas, pero en las rurales y para voz celular las compañías de cable piden más. No es que rechacen este espacio radioeléctrico, sino que quieren que sea complementario con otros. Por eso, también piden que el reparto, previsto para 2010, se retrase hasta que se solucionen los problemas con la banda de 900 MHz y con el dividendo digital.

Las opciones de reparto que plantean las cableoperadoras son varias. Ono, por ejemplo, apela al reparto de las frecuencias que tienen Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo en la banda de 2.100 MHz, lo que se conoce como UMTS. Esta compañía asegura que todas ellas tienen espectro sin utilizar y que debería ser repartido.

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Las sorpresas de la LES, el impasse de las frecuencias móviles, la guerra abierta de las tasas de RTVE y del espectro radioeléctrico alejan a las operadoras y le inauguran una batalla europea a Ros

Ana Zarzuela.- Esperaban hacer de la presidencia europea de turno el bautismo con padrinos españoles de la nueva estrategia de Sociedad de la Información en Europa para el periodo 2010-2015, pero la futura Comisaria de Telecomunicaciones comienza a prologar el amargo paseíllo europeo de Zapatero con las telecos. La paz que escenificó Pérez Rubalcaba con la prórroga a las tarjetas de prepago no identificadas no les ha durado ni dos meses. Suman y siguen en el mar de sus desencuentros. Nada nuevo, pero nada que las grandes operadoras de telefonía estén dispuestas a digerir. No en silencio ni con los brazos cruzados. No han asumido aún las sorpresas de la Ley de Economía Sostenible: la obligación del servicio universal de banda ancha de un mega sin atender sus peticiones de regular en bloques la velocidad de descargas; la posibilidad en manos del Gobierno de ‘expropiar’ frecuencias móviles si no hay acuerdo con las operadoras en el refarming, y el nuevo rol de ejecutoras del plan de Zapatero para ponerle coto a la red de redes.

Moncloa se guarda el reparto del ‘dividendo digital’ como pronto hasta enero de 2015 y amenaza con adelantar el 2,6GHz. Ya cocinó su modelo de control de las descargas de internet sin esperar por las telecos y de espaldas a las propuestas de Redtel de fomentar la educación y los contenidos digitales a cuatro manos con la industria audiovisual; ni una sola está invitada a la Subcomisión de la Propiedad Intelectual del Congreso. Se miden las distancias con el Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado. Como mucho ya sólo se aspira por ambas partes a la ‘diplomacia bélica’.

Lo sabe ya el ministro Sebastián por experiencia propia. Aunque el ministro procura dejar el cuerpo a cuerpo al Secretario Ros, no pudo eludir rodearse de los grandes del sector TIC -telecos incluidas- para poner de largo su estrategia para un mercado único digital. Necesita engrasar esos galones y no quiere que se los manchen las TIC ni las telecos. Pero a Vodafone, Orange, Telefónica y Jazztel, si la LES les afilaba las lanzas de sus enfados, la presidencia de turno de la UE, la llegada a la Comisaría de Telecomunicaciones de Neele Kroes -desde principios de febrero-, la sintonía con el lobby comunitario de ETNO y la presencia de Reinaldo Rodríguez, con un pie en el macro-regulador europeo que verá la luz este semestre les dejan en bandeja las oportunidades. Al menos las de ‘mancharle’ más de un desfile a Sebastián y hacerse con sitio propio en su “mercado común digital y de las telecomunicaciones”.

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