El pasado 6 de Julio, el BOE publicó la Ley 15/2010 de 5 de Julio de modificación de la ley 3/2004 de 29 de Diciembre por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Si bien esta Ley está pensada principalmente para agilizar el pago por parte de las Administraciones Públicas a los diferentes contratistas, contiene una serie de medidas a aplicar a operaciones entre empresas privadas, bastante interesantes:

1- El plazo máximo de pago en las operaciones comerciales será de 60 días a partir de la fecha de recepción del producto o servicio. Transitoriamente, y hasta el 31 de Diciembre de 2.011, podrá ser de 85 días. Para el sector público el plazo máximo de pago será de 30 días.

2- El límite de agrupación de albaranes para facturar será de 15 días y en estos casos se tomará como fecha para el vencimiento el punto medio del periodo.

3- Periodos de vacaciones, facturación por pedido completo, plazos de revisión de las facturas y/o mercancías o fechas fijas de pago no se permiten si resultan en plazo de pago superiores al máximo.

4- Se suprime la posibilidad de pactos entre las partes que impliquen plazos de pago superiores a los legales.

5- Esta Ley contempla la posibilidad de que la administración o las organizaciones profesionales denuncien prácticas abusivas y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos.

6- Las sociedades deberán publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales.

No obstante, no conviente olvidar que existe una importante normativa transitoria con el objeto de adaptar paulativamente cada caso al contenido de la norma:

Para para productos agroalimentarios, para aquellas empresas que vinieran pactando plazos de pago más elevados, de acuerdo con el siguiente calendario:

– Desde la entrada en vigor de la presente Ley hasta el 31 de diciembre de 2011, serán de 85 días.
– Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, serán de 75 días.
– A partir del 1 de enero de 2013, serán de 60 días.
- Este calendario no será de aplicación a los productos de alimentación frescos y perecederos, para los cuales el plazo de pago a 30 días tendrá efectos inmediatos.

Para el pago en los contratos de obra con las Administraciones Públicas durante dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, podrán acordar con sus proveedoras y/o subcontratistas los siguientes plazos máximos de pago, de conformidad con el siguiente calendario de aplicación:

– 120 días desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre de 2011.
– 90 días desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.
– 60 días desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.
- No pueden existir pactos entre las partes por encima de dichos plazos y fechas

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Informa  LEX NOVA que Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Reforma del Registro Civil, que implicará un importante cambio del actual modelo, vigente desde 1.957.

Entre los cambios, cabe destacar la sustitución de los actuales libros físicos por una base de datos electrónica común que permitirá al ciudadano realizar sus trámites en cualquiera de las oficinas del país, sin que sea, parece ser, necesario el trámite in situ en la oficina provincial.

Se prevee por tanto un cambio en la propia naturaleza del Registro, en tanto en cuanto cada ciudadano será una ficha en donde se irán anotando cada modificación de su Estado Civil, partiendo como hasta ahora de la inscripción por nacimiento, pero que llevará aparejado el llamado “Código Personal de Ciudadanía”. Desaparece también el Libro de Familia y se sustituirá por un mero certificado registral.

Por otro lado, se acometen profundas reformas “en aspectos importantes para la protección de la igualdad, la dignidad y la intimidad de los ciudadanos, ya que suprime elementos de discriminación por razones de sexo, incorpora instrumentos para la protección de menores y discapacitados, que no tenían hasta ahora reflejo normativo específico en el Registro Civil, y protege de modo especial algunos datos personales sensibles limitando su publicidad”.

Otra importante novedad es el hecho de que el Registro ya no forma parte de la jurisdicción y pasa a ser considerado como un órgano administrativo.

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Europa Sur

CEUTA. El secretario de Justicia de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha planteado una querella contra la secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por mobbing, prevaricación y falsedad despúes de que se le hubiera abierto en el mes de octubre un tercer expediente disciplinario por falta grave de desobediencia de una comunicación dirigida a la persona que ahora presenta la denuncia.

Tras la apertura de un tercer expediente que considera injusto, pues de las dos anteriores causas que le han sido abiertas desde el año pasado la primera quedó archivada, lo que ocurrió el pasado mes de septiembre, mientras que por la segunda fue suspendido de empleo y sueldo por un periodo de diez días por la segunda, el secretario decidió interponer una denuncia. Su argumento para llevarlo a cabo se debe al alto número de expedientes abiertos en tan poco espacio de tiempo, más cuando el secretario de la Audiencia lleva más de 25 años prestando sus servicios en el Ministerio de Justicia, éste critica que a su juicio es muy extraño el hecho de que “el tercero se haya incoado sólo días después de que se archivase el anterior expediente”, a lo que se añade que “ni hubo diligencias informativas como principal afectado hasta que fue notificada la causa”, reclama, por lo que ha decidido entonces recurrir al amparo de los Tribunales “por si los hechos fueran constitutivos de delito”, apelando al número de expedientes abiertos “siempre con el mismo sujeto activo”.

Tras tener conocimiento del tercer expediente sancionador, que le fue abierto por falta grave como en las dos anteriores ocasiones, el secretario judicial interpuso una denuncia en la comisaría de la Policía el pasado viernes 2 de noviembre.

En esta línea, el denunciante insiste en que los delitos que imputa a la secretaria de Gobierno del TSJA, “no se trata de una cuestión administrativa”, incluyendo en la denuncia efectuada la vía jurisdiccional, por lo que apela también a la naturaleza de los tres delitos por los que se ha efectuado la denuncia, recordando también la doctrina y jurisprudencia que se han dictado en anteriores ocasiones para las causas que se le atribuyen, es decir, falsedad, prevaricación y mobbing.

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